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Usted esta en: Indice de publicaciones arrow Octubre 2008 - Revista n.º 9 arrow Monográfico arrow LA EDUCACIÓN Y LOS VALORES CÍVICOS
martes, 02 de septiembre de 2014
LA EDUCACIÓN Y LOS VALORES CÍVICOS Imprimir E-Mail
escrito por Luis María Cifuentes Pérez   
Luis María Cifuentes Pérez
Catedrático de Filosofía
RESUMEN 

El presente artículo consta de dos partes; en la primera, trataré de explicar qué razones de diferente índole hay para la implantación de la nueva asignatura de "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" en nuestro sistema educativo; y en el segundo apartado, haré un breve análisis de los valores cívicos y de la ciudadanía.

ABSTRACT

EDUCATION AND CIVIC VALUES

This article consists of two parts. In the first one, I will try and explain what reasons of different kind there are for the introduction of the so called subject Education for Citizenship and Human Rights in our educational system. In the second part, I will analyse civic values and those of citizenship.

La educación como trasmisión de valores cívicos

Uno de los temas que más polémicas ha suscitado en la reciente promulgada Ley Orgánica de Educación (LOE) ha sido, sin duda, el del nuevo Área de Conocimientos denominado "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos". El debate ha traspasado la cuestión puramente académica hasta situarse en los últimos años en el centro del debate entre los principales partidos políticos. En este artículo voy a exponer brevemente cuáles son las razones que, en mi opinión, han llevado al Ministerio a reorientar la educación en los valores cívicos mediante la creación de este nuevo Área o materia. No pretendo descalificar a quienes defienden con buen criterio la transversalidad de estos valores y su necesidad de que impregnen la convivencia y la vida del centro educativo; sin embargo, sobre todo en los Centros de Enseñanza Secundaria, la transversalidad ha sido un fracaso y se ha hecho evidente que la reflexión y la práctica de los valores cívicos es una necesidad acuciante. Es cierto que todos los problemas de convivencia en una comunidad educativa no se van a resolver con una asignatura, pero también es preciso reconocer que puede ayudar a crear un mejor clima de convivencia en los Centros.

Las razones que avalan la necesidad de una educación ética y cívica basada en los Derechos Humanos y en los valores constitucionales son de diverso tipo: razones de orden educativo; razones de orden sociológico; razones filosóficas y razones jurídico-políticas.

La razones educativas a favor de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se basan en que en todas las épocas la educación siempre comporta una filosofía moral y política en sentido amplio; es decir, que toda acción educativa abarca lo cognitivo y lo axiológico y trata por tanto de formar según unas pautas morales y cívicas determinadas.

Por otro lado, es evidente que en la mayoría de los centros educativos ha fracasado la transversalidad como modo de trasmitir los valores a toda la comunidad educativa; ello no significa que la transversalidad no sea una idea buena; el problema es que ha resultado inviable en la mayoría de los Centros, sobre todo de Secundaria.

Por último, parece necesario que la democracia comience a ser explicada, analizada, reflexionada y practicada en los centros escolares porque es en ellos donde se forman los futuros ciudadanos y no existe ningún "gen" democrático que de modo espontáneo genere en las nuevas generaciones las conductas democráticas, la participación y el respeto a las ideas de los demás. El estudio y el aprendizaje de la democracia debería comenzar ya en las escuelas e institutos de nuestro país.

El segundo elenco de razones a favor de una educación ética y cívica es de orden sociológico. Es evidente que toda Europa y por tanto también España se están enfrentando a nuevos problemas, a nuevos retos sociales y culturales en el siglo XXI y para tratar de paliar los efectos de cierta problemática social y para prevenir conductas indeseables es preciso que los sistemas educativos eduquen a los niños y adolescentes en el respeto, la tolerancia activa y la solidaridad efectiva con los demás. Son hechos innegables reconocidos por todas las encuestas el creciente pluralismo moral y religioso en nuestro país, la progresiva secularización e indiferencia religiosa de los españoles, la exigencia de un diálogo intercultural que otorgue cohesión social a los diferentes grupos y la creciente desafección hacia la política y los políticos en muchos ámbitos de la sociedad española. No se pretende que el sistema educativo solucione todos estos nuevos conflictos sociales, sino que la reflexión sobre ellos ayude a comprender mejor los mismos y a crear una conciencia cívica y política que permita dialogar y pactar las soluciones adecuadas.

Una nueva serie de razones que abonan la idea de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos se basa en consideraciones de orden filosófico, de filosofía moral y política. Toda ética personal va acompañada de una ética civil, de unos valores que surgen en el individuo y se trasmiten a la comunidad. Por eso no tienen razón quienes quieren imponer a todos su propia visión del ser humano y de la moral. La moral católica que ha imperado durante siglos en España no tiene ya legitimidad social ni política para pretender imponerse a toda la sociedad española. La ética civil, propia de un Estado democrático, ha de ser laica; es decir, neutral en cuanto a las religiones, aunque en absoluto incompatible con ellas y menos aún hostil a las mismas. En la época actual disponemos de un código ético de referencia que pretende ser universal y que se conoce como los derechos humanos. Los valores morales y cívicos contenidos en esa Declaración (1948) son comunes a toda la Humanidad pues se basan en la dignidad inviolable de toda persona humana. A mi parecer ésa es la base de cualquier educación ética y cívica en una sociedad democrática en el ámbito del sistema educativo.

Por último, existe una serie de razones de carácter jurídico-político que apoyan la conveniencia de esta nueva asignatura. La convivencia democrática tiene una base fundamental en nuestro país: la Constitución. Es el gran pacto político y jurídico sobre el que se asienta toda la arquitectura legal de España y todas las garantías contenidas en nuestro ordenamiento jurídico. Es preciso que los niños y jóvenes conozcan los principios y valores constitucionales recogidos en la Carta Magna porque son el marco en el que todos podemos convivir en libertad y en paz. No se trata de explicar en la escuela los artículos constitucionales como si fuese una especie de catecismo jurídico, sino de analizar la importancia del Estado de Derecho, el valor de las leyes y de las instituciones democráticas como el pacto de convivencia que los españoles nos hemos dado hace muchos años para garantizar los derechos de todos.

Todos los países europeos tienen en sus respectivos sistemas educativos una educación cívica que se realiza de modo transversal o de modo específico. En muchos casos son los profesores de Ciencias Sociales los encargados de impartirla. Eso indica que todos los estados democráticos europeos consideran un objetivo irrenunciable de sus sistemas educativos la formación de ciudadanos reflexivos, críticos, participativos y solidarios que colaboren en la construcción de una sociedad más libre y más justa. No se entiende por qué en España algunos se oponen a ello por razones ideológicas y partidistas, tergiversando además sus contenidos.

A lo largo del siglo XIX, los Estados nacionales europeos asumieron un protagonismo muy importante en el ámbito educativo como impulsores de una educación pública y gratuita para toda la población, teniendo como ideal la plena escolarización de todos los niños y adolescentes. En España esa escolarización total y gratuita no se logró hasta bien entrado el siglo XX. La educación política y religiosa fue durante todo el siglo XIX una constante de todos los sistemas educativos europeos; la moral cristiana en sus diferentes versiones y la formación política eran el eje ideológico sobre el que se asentaban todos los sistemas educativos europeos.

En España, la Institución Libre de Enseñanza (1876) y sus posteriores realizaciones fueron consideradas por la jerarquía católica como enemigas declaradas desde su misma fundación y durante muchos años. Como señala acertadamente Manuel de Puelles: Del mismo modo que Giner había hecho de la educación un proceso lento que abocaba a una transformación de la España de su época, la Iglesia consideró que la educación era el ‘sagrado campo' en el que habían de formarse las futuras generaciones cristianas que defenderían los derechos de la Iglesia y su concepción del mundo. El contenido ideológico de la educación se colocaba, una vez más, en el primer plano de atención de fuerzas contrapuestas.1

Hoy día las cosas no han cambiado demasiado porque los sectores católicos más conservadores siguen viendo la escuela laica como algo condenable y digno de ser anatematizado. Los defensores a ultranza de la moral católica todavía no han aceptado que el pluralismo moral y religioso de la sociedad española es un hecho social innegable y que forma parte consustancial de la misma vida democrática. La tradición moral del catolicismo no es ya la única fuente de moralidad ni de espiritualidad de la mayoría de los ciudadanos de España y ello significa que el catolicismo ya no puede pretender inspirar las leyes civiles que regulan la convivencia en nuestro país.

Los valores cívicos y la ciudadanía

Ya hemos señalado antes que los valores morales y cívicos deben basarse en los derechos humanos. En la Declaración de Derechos Humanos se alude expresamente al significado profundamente cívico que tiene la educación en la sociedad: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (Artículo 26.2)

A pesar de esta contundente defensa de esos principios y valores, en el Artículo siguiente (27), se defiende también que los padres tienen derecho a elegir para sus hijos el tipo de educación que quieren darles. Es decir, que se garantiza la libertad de las familias a la hora de elegir los valores morales que se quieran trasmitir en el seno de la comunidad familiar, con independencia de que los Estados tienen la obligación de educar a los niños y adolescentes en los valores cívicos y democráticos. Ahí radica el fundamento jurídico que fue también utilizado en la Constitución española para defender que el titular del derecho a la educación de los menores es el padre, la madre o el tutor. Y por eso las familias católicas españolas (vgr. la CONCAPA) argumentan siempre a favor de la libertad y se olvidan casi siempre de los otros valores constitucionales como el pluralismo y la justicia.

En la Constitución española de 1978 se retoman los mismos principios relativos al derecho a la educación, sobre todo en el Artículo 27 que está dedicado expresamente a ello. Pero la base ética y jurídica que sustenta todo el edificio axiológico de la educación española está ya contemplada en el Artículo 1º de nuestra Carta Magna, en la que se citan expresamente los valores superiores de todo el ordenamiento jurídico: Dicho Artículo reza así: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos valores son, en realidad, el fundamento ético de todo sistema democrático y por ello cualquier ley educativa que se elabore en un sistema político de libertades y derechos tiene que respetarlos. Durante la transición política española se fueron perfilando los rasgos democráticos del nuevo sistema educativo, pero han sido la LODE (1985), la LOGSE (1990) y la LOE (2006) las leyes que mejor han desarrollado la plasmación de los valores constitucionales en el sistema educativo: el pluralismo, la igualdad y la libertad. Aún falta por desarrollar mejor, a mi juicio, la justicia y el pluralismo moral y religioso dentro del ámbito de la escuela pública.

Hay algunos sectores políticos en España que insisten solamente en la libertad de enseñanza se olvidan deliberadamente de que la desigualdad social, económica y cultural debe ser compensada mediante la educación pública y gratuita para todos. Son muchas las familias españolas que en la última década están desertando de la escuela pública en nombre de su libertad y gracias a su nivel económico; las escuelas y los institutos públicos se están convirtiendo progresivamente en muchas ciudades de nuestro país en ghettos donde se está marginando consciente o inconscientemente a la mayoría de la inmigración llegada a España en los últimos años. La libertad educativa no se está viendo acompañada de políticas que compensen los efectos indeseables del neoliberalismo; de ese modo, la selección social, económica y cultural del alumnado va a reproducir cada vez más la desigualdad y las injusticias de nuestra sociedad capitalista.

En nuestras actuales sociedades la influencia de la escuela es mucho menor que en siglos anteriores y la necesidad de educar al ciudadano en valores cívicos desde las instituciones educativas debe enfrentarse a nuevos retos y enfocarse de modo distinto. Si el Estado-nación ha sido hasta ahora el encargado de trasmitir una educación cívica y política acorde con su historia propia y sus instituciones democráticas, en la época actual la condición de ciudadanía ha adquirido nuevos perfiles ya que vivimos en un mundo globalizado e intercultural en el que las sociedades no son un reflejo mimético de los Estados-nación del pasado y además la coexistencia de múltiples códigos morales y religiosos exige una nueva ética universalizable.

En España, como en todos los países de la Unión Europea, se sigue hablando a los alumnos en la escuela de varios niveles de ciudadanía, pero no está claro que Europa sea ya la Europa de los ciudadanos y de los pueblos, sino que más bien nuestro continente político se presenta todavía hoy como la Europa de los Estados miembros que la constituyen. Peor es la situación todavía si se considera la realidad de una educación para una ciudadanía cosmopolita, cuando muchos ciudadanos del mundo no pueden disfrutar de los más elementales derechos y libertades individuales, cuando todavía son seres sometidos al hambre, a la enfermedad y a la incultura.

¿Cómo se puede definir la ciudadanía desde un punto de vista ético, jurídico y político? Como señalan acertadamente S. Giner y V. Camps la ciudadanía tiene en castellano una doble acepción que alude a dos conceptos: por un lado, el conjunto de hombres y mujeres que constituyen un comunidad política de personas iguales ante la ley, miembros de un Estado de Derecho y en segundo lugar, la condición que cada uno de nosotros posee de ser miembro de esa comunidad: es un atributo que nos confiere el derecho al voto, el de presentarnos a las elecciones, el de recibir subsidios y pensiones o atención médica (si está previsto por la ley), el de que nuestros vástagos acudan a la escuela pública, y así sucesivamente. Como el dios Jano de los antiguos, la ciudadanía y el civismo poseen una doble cara2.

La noción de ciudadano y ciudadanía es evidente que alude directamente a la libertad y los derechos de las personas, a algo conseguido tras siglos de sometimiento a sistemas de gobierno antidemocráticos que no querían ciudadanos sino súbditos. Por eso en las sociedades democráticas es preciso dotar a la educación cívica de los instrumentos adecuados para llevar a cabo su tarea. Y esa tarea de educar en valores morales y cívicos tiene que estar fundamentada en los Derechos Humanos y en la Constitución democrática española.

La fundamentación filosófica de los valores morales y cívicos debe ser ética y política, y nunca partidista ni ideológica. Tiene que apoyarse en una reflexión sobre la libertad, la responsabilidad y la moralidad humana con el fin de trasmitir al alumnado una visión de aquellos valores morales y cívicos que permiten una convivencia en paz y en libertad. Pero no parece lógico ni posible que la educación ético-cívica se apoye en cosmovisiones cerradas y sustantivas del hombre y de la moralidad que se crean poseedoras de la verdad definitiva sobre el bien y sobre el mal. Se trata de fundamentar la vida social, el civismo, sobre valores universales que promuevan la tolerancia y el respeto hacia todas las personas, sea cual sea la religión, la ideología y la moral de cada uno. Por eso no es posible que las morales religiosas sean el eje vertebrador de la ética cívica ni la inspiración de las leyes civiles, porque no ofrecen valores universalizables, sino doctrinas dogmáticas sobre el ser humano y morales heterónomas basadas en creencias subjetivas.

En mi opinión, la educación en valores cívicos tiene en nuestro país un referente común compartido por todos los ciudadanos, la Constitución de 1978. En ella están de modo explícito los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político (Articulo 1). En ella reside la garantía jurídica y la exigencia ética del respeto a todas las personas y la igualdad de todos ante la ley. ¿Qué significa eso a la hora de articular un curriculum de educación ético-cívica? ¿Cuáles han de ser los ejes curriculares sobre los que se debe apoyar una propuesta de contenidos cognitivos y procedimentales? ¿Qué se debe evaluar en una materia de este tipo?

Muchas de estas preguntas han sido contestadas en los Reales Decretos que legislan el Área de "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos" en la etapa de Primaria y en la ESO. (BOE de 8 de diciembre de 2006 y de 5 de enero de 2007, respectivamente). En ellos se insiste en que aprender a convivir en el seno del sistema educativo es muy importante; la educación ético-cívica es un mandato de la Unión Europea como medio eficaz de prevenir futuros conflictos derivados de actitudes de xenofobia y de racismo. Es el sentido de la competencia social y ciudadana que debe concretarse en los Proyectos educativos, Planes de convivencia y en las materias de "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos". La democracia como el mejor sistema de organización política tiene que ser conocido y apreciado y debe ser practicado en los Centros escolares; no basta con una asignatura para ejercitar la democracia, pero si nadie en la escuela da a conocer los valores, los principios, los derechos y los deberes que configuran la ciudadanía, entonces nuestro alumnado adolescente no sabrá apreciar la conquista de las libertades y derechos cívicos ni aprenderá a comportarse con respeto y tolerancia hacia los diferentes.

La educación en valores debe contribuir a formar ciudadanos (hombres y mujeres) que participen en la sociedad: el empeño democrático debe orientarse actualmente a propiciar un tipo de ciudadano y ciudadana, capacitados para convivir en sociedades abiertas y pluralistas, basadas en la tolerancia y en percibir la diversidad como una riqueza que contribuye a la mejora de la sociedad. En una sociedad plural, la educación tiene la posibilidad de mitigar los conflictos, promoviendo los valores que ayuden a las personas a convivir con persona de valores diferentes. Para ello es imprescindible buscar valores comunes compartidos por todos, como los derechos humanos.

Educación en valores es tratar de formar personas que sepan afrontar los cambios en su vida, llevando por sí mismos, de modo autónomo, las riendas de la misma. En estas sociedades complejas y en continuo cambio en las que vivimos, la educación en valores tiene como objetivo fomentar el desarrollo de una fuerte consistencia moral para afrontar situaciones nuevas en las que las reglas conocidas no dan ya una respuesta completamente clara. ¿Qué pasa cuando para una misma persona varios de sus valores entran en conflicto y tiene que elegir? ¿Qué pasa cuando sus valores entran en conflicto con los valores de los demás? ¿Qué ocurre cuando las reglas sociales no se comparten o entienden? ¿Qué valores universales tenemos de referencia?

La educación ético-cívica supone de la existencia de una formación específica para que todo el alumnado tenga:

  • Un conocimiento racional sobre la fundamentación de esos valores y de las normas de comportamiento derivadas. En ningún caso se puede ejercer el adoctrinamiento, ya que eso es contrario a los objetivos de la LOE y del sentido de la misma educación, que ha de ser crítica y fomentar la autonomía de los educandos.

  • Una reflexión crítica sobre los valores morales y cívicos, sobre la democracia y sus instituciones y sobre la fragilidad de los sistemas de convivencia humanos. Es muy importante que todos los sistemas educativos formen a los niños y adolescente en la cultura cívica y política, porque la democracia es un sistema de convivencia deseable y es preferible a cualquier forma de dictadura o de totalitarismo.

  • Una puesta en práctica en los centros escolares de proyectos educativos y planes de convivencia basadas en el diálogo, en la argumentación como método de resolución de los conflictos y en el respeto y la tolerancia positiva ante las actitudes diferentes, poniendo como límite infranqueable los derechos humanos. Los que insisten en que esta materia de "Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos" no resuelve todos los problemas de convivencia de los centros escolares tienen razón, pero no es menos cierto que la transversalidad ha sido inviable en la mayoría de los Centros de Secundaria. Un Proyecto educativo que integre el desarrollo de la competencia social y ciudadana en las Áreas del curriculum y las relacione con las demás competencias básicas es el ideal ético y cívico de cualquier sistema educativo, pero eso es todavía un horizonte difícil de conseguir; se tiene que luchar entre todos por lograr que los Centros educativos sean un lugar de convivencia intercultural en el que se armonicen los conocimientos y las actitudes diferentes y todo se resuelva mediante la argumentación racional y el diálogo respetuoso.

 

1 Manuel de Puelles. Educación e ideología en la España contemporánea. Tecnos. Madrid. 4ª ed. 1999. p.248

2 V.Capms y S.Giner . Manual de civismo. Ariel. Barcelona. 5ª edición. 2004. p.17

 

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